Al relatar una venganza
programada, el inigualable “Gabo” García
Márquez creó un título para su novela que se transformó en un recurso para
advertir sobre muchas situaciones que pese a ser obvias no parecen inducir a
tomar las precauciones necesarias; ese título, “Crónica de una muerte anunciada”, podría aplicarse, con las
necesarias adaptaciones, a la actual situación de la Atención Primaria de la
Salud (APS) en la ciudad Córdoba.
El término principal es
“anunciado/a” y el caso que abordamos se refiere a que las condiciones
deplorables en las que se desenvuelve la APS que preanuncian una debacle mayor
con consecuencias muy graves.
En la anterior gestión municipal,
la de Giacomino, comenzó a percibirse un progresivo abandono de la
responsabilidad pública y formal de la Municipalidad en relación a la APS. Los
trabajadores del área, primeros sensores de sus efectos, señalaron la situación
a las autoridades, también de modo formal, por medio de sus delegados
sindicales del SUOEM quienes expusieron los riesgos a los que se exponía a la
población contribuyente al tratar de reemplazar, entre otras deserciones, el irrenunciable presupuesto público para ATS
por la recaudación del cuestionado Plan Nacer.
Casi cinco años vieron pasar no
menos de cinco equipos de funcionarios en la Dirección de Atención Primaria de
la Salud Municipal (DAPS) y en todos los casos las advertencias no solo se
repitieron sino que se los impuso de un progresivo agravamiento de la
situación.
Las promesas de “estudiar las
prioridades y abordar soluciones” quedaron en expresiones que ni siquiera se
podrían caracterizar como deseos. Un extremo se alcanzó cuando los delegados
del SUOEM reclamaron un aumento del presupuesto para el año 2014 y el penúltimo
director les informó que eso sería imposible ya que “no se había ejecutado el
de 2013”.
El anuncio del colapso tenía ya
una expresión concreta y un reconocimiento inaudito de la política de abandono
del sector.
Una de las intrascendentes
acciones de la Dirección fue la de transformar los nombres de los efectores
periféricos de UPAS (Unidad Primaria de Atención de la Salud) en CS (Centro de
Salud) los que alcanzan en la actualidad el número de 98 distribuidos en casi todos los barrios de
la ciudad.
La carta Orgánica Municipal establece en su Art. N° 9
que “Los vecinos, protagonistas y
artífices de la vida cotidiana y el destino común de la Ciudad, sentido y razón
de ser del Municipio, gozan de los siguientes derechos conforme a las
Ordenanzas que reglamenten su ejercicio, a saber:
1. A la educación, la cultura, la salud, la promoción social, al
ambiente sano, al desarrollo sustentable, la práctica deportiva y recreación”.
El Art 12 en su punto 8 establece, entre los deberes
de los vecinos: “Cuidar la salud como
bien social”.
El Art. 33 establece: “El Municipio reconoce la salud como derecho fundamental del hombre
desde su concepción y en consecuencia garantiza su protección integral como
bien natural y social.
Promueve, planifica y ejecuta programas de medicina preventiva y
reparativa, asegura el acceso al recurso terapéutico y tecnológico del que
disponga, equitativamente.
Controla periódicamente los factores biológicos, psicológicos,
ecológicos y sociales que pueden causarle daño cumpliendo un rol
socioeducativo.
Concerta políticas sanitarias con el gobierno provincial y federal,
otros municipios y provincias, instituciones públicas, privadas y
organizaciones comunitarias.
Promueve el desarrollo
intersectorial con especial énfasis en la atención primaria de la salud.
Asegura la participación de la comunidad en la selección de
prioridades de atención, en la instrumentación y evaluación de programas”.
La desatención (en el mejor de los
casos) de la APS por parte de tantos funcionarios no es ajena a la vergonzosa
situación en la que se encuentra la Ciudad de Córdoba respecto del resto de la
Provincia en relación a la mortalidad infantil. El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba por
medio del titular de la cartera, Francisco Fortuna; la secretaria de Prevención
y Promoción de la Salud, Marcela Miravet; y la directora de Maternidad e
Infancia, Marcela Yanover, informaron el 25 de abril del corriente año que: “La tasa (en
la provincia) bajó de 9,6 a 9,4. La
ciudad de Córdoba registró una suba al trepar de 8,6 en 2012 a 9,8 en
2013”.
Más de un punto de crecimiento de la tasa de mortalidad infantil en la
ciudad no puede ser explicado sin señalar la inexcusable responsabilidad de los
funcionarios municipales de salud que establece el Art 21 de la Carta Orgánica:
“El Intendente, el Viceintendente, los
Concejales, los miembros del Tribunal de Cuentas y demás funcionarios que
determine la Ordenanza, al asumir el cargo, prestan juramento de desempeñar fielmente sus funciones conforme a las Constituciones de la
Nación, de la Provincia y a esta Carta
Orgánica”.
La APS es mano de
obra-dependiente, significa eso que no son los avances tecnológicos en
asistencia sanitaria la base de la disciplina, por el contrario, solo admite de
la integración de equipos de personal multidisciplinario, que incluye
administrativos, sicólogos, odontólogos, trabajadores sociales, enfermeros,
personal de mantenimiento y médicos, a los que se debe dotar de insumos
básicos, que van desde medicamentos, pasando por insumos de enfermería,
carpetas para Historias Clínicas e integración informática hasta ropa,
repuestos, herramientas, móviles y papelería en general y de la infraestructura
adecuada para desempeñarse y acoger a la comunidad incluida en el área
programática de cada CS.
La gestión pública que logró
aumentar la mortalidad infantil en 2013 puede ser evaluada a partir de la
realidad actual que muestra un 40% de la infraestructura totalmente inadecuada
por falta de mantenimiento y previsión, de la reducción en un 20% en recursos
humanos en comparación con 2007 y de la carencia de insumos fundamentales como
los Anticonceptivos que abandonó a las mujeres incluidas en los programas
durante más de 4 meses o la carencia de móviles para el desplazamiento del
personal de mantenimiento, además de la irregular provisión del resto de los
insumos específicos y generales.
No se llega a tan dramática
situación de un día para el otro, la cronicidad de la cuestionable gestión de
los funcionarios responsables se torna en excusa reiterada, “recién me hago cargo así que deberé
recorrer los CS para hacerme una idea y elaborar luego un programa de acción
determinando las prioridades”. La dramática realidad actual deja ver que ni
siquiera el elusivo compromiso de “elaborar
prioridades” se cumplió en los últimos 7 años.
Centros de salud tomados por la
comunidad, edificios agrietados y contaminados al punto de inhabilitarlos para
acciones específicas de APS como la vacunación, inexistencia de vehículos para
permitir las acciones de mantenimiento básicas, reducción alarmante de personal
de mantenimiento, desplazamiento de RRHH valiosos de un CS a otro o asignación
de tareas en dos (o más) centros diferentes a un mismo trabajador, insuficiente
cobertura de licencias son algunos de los hechos cotidianos que frente a los
incumplimiento reiterados de promesas de los funcionarios exacerban los ánimos
diseñando el panorama actual de la APS municipal.
Integran también la crónica del
colapso al que hace referencia el título.
No sorprendería comenzar a
escuchar, de autoridades como las actuales, un atisbo de solución que contemple
la “tercerización” de una responsabilidad tan básica del municipio como es la
atención primaria de la salud, o al menos la tercerización de parte de ella. Ya
comparten los trabajadores municipales sus tareas con los trabajadores de
limpieza contratados por empresas que incumplen sus compromisos mezquinando
insumos, demorando obligaciones contractuales o incluso retrasando el pago de
los haberes de sus empleados cuyas legítimas medidas de fuerza afectaron, en
2013, la higiene imprescindible en los CS
Tanto los compañeros municipales
como la comunidad en general conocemos ya lo que implica tercerizar, un tema
sobre cuyos costos los medios, tan preocupados por el porcentaje de presupuesto
que se aplica a sueldos, poco indagan, pero que, en virtud de las deficiencias
de las prestaciones, los vecinos deben reclamar insistentemente.
Los superiores principios de la
Carta Orgánica, incumplidos por tantos funcionarios, aun no lograron convencer
a Dios y Patria que realicen las previstas demandas.
CÓRDOBA; 25 de mayo de 2014
Raúl V. Nieto
DNI 5070280
Cat. 5816.
Delegado del CS N° 90 de
Barrio Ituzaingó Anexo.
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